La privatización de las pensiones

El Gobierno del PP me recuerda mucho a la orquesta del Titanic, que seguía tocando mientras el barco se hundía. Finalmente también ha "tocado" las pensiones. Era algo que muchos preveíamos y de lo poco que le quedaba por incumplir de su programa electoral. A partir del año que viene las mismas ya no subirán con arreglo al coste de la vida. Se revalorizarán únicamente un 0’25 % anualmente mientras el Estado tenga déficit. Se calcula que los pensionistas van a dejar de percibir 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022. Y aunque el Gobierno lo haya vendido como una medida destinada a ahorrar dinero al Estado, lo cierto es que conlleva una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas y es un paso más en la privatización del sistema público de pensiones. También hace algo más de un par de años el Gobierno del PSOE aprobó otra medida en esa dirección: el retraso de la edad de jubilación a los 67 años.

  

   Para el Gobierno conservador la crisis que padecemos se debe fundamentalmente a un gasto público excesivo. No tiene en cuenta que el enorme endeudamiento privado, la recesión y el desplome de la actividad en la construcción -sobre la que se sustentaba el modelo productivo- han sido responsables del elevado desempleo, que ha tenido como consecuencia la caída de ingresos del Estado: se recauda mucho menos por IVA (el consumo está bajo mínimos), por cotizaciones a la Seguridad Social y por el impuesto sobre la renta. Para recortar el gasto social (y finalmente las pensiones) el Gobierno ha usado como coartada la coyuntura económica. También se ha excusado con la herencia recibida, sin tener presente que los "populares" han gobernado y gobiernan en ayuntamientos y comunidades que tienen mucha deuda.

  

    

    Sin embargo, no es cierto que el Estado gaste demasiado en pensiones, pues destina a las mismas menos que la media Europea (el 10 % del PIB frente al 12 % de la media de la Unión Europea). Y para el año 2050, el gasto estimado en pensiones será como el que hoy en día tienen países como Francia e Italia (aproximadamente un 14 % del PIB). Y eso que para entonces habrá aumentado bastante el número de pensionistas. En cambio la esperanza de vida habrá subido poco: cuatro años nada más. Hace un par de décadas el gobierno de turno ya se escudaba en la esperanza de vida y en una baja natalidad para recomendar planes de pensiones privados de bancos y aseguradoras como complemento a la pensión estatal. Pero no se tuvieron en cuenta factores como la incorporación de más mujeres al mundo laboral y el incremento de inmigrantes, cuya media de edad es de 28 años. Por ejemplo, gracias a las cotizaciones de los extranjeros unos 900.000 españoles cobraban pensión de jubilación en el año 2008.

    En definitiva, el Gobierno carga el peso de la “crisis” y el déficit del Estado sobre los más débiles mientras fortalece a los poderosos, como la banca y las grandes corporaciones. Éstas últimas, según informes de técnicos de Hacienda, son responsables del setenta por ciento del fraude fiscal existente en España. Por lo que urge una reforma fiscal para que haya una tributación realmente justa y progresiva y el Estado recaude más de quienes más tienen, tal y como establece la Constitución. Sin duda, la reforma fiscal es una de las asignaturas pendientes que, una vez llevada a cabo, contribuirá a aumentar los ingresos del Estado para que, en caso de caer drásticamente el número de cotizantes a la Seguridad Social o de agotarse el Fondo de Reserva de la misma, haya la suficiente liquidez para hacer frente al gasto social, y muy especialmente al pago de las pensiones públicas.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 15 de octubre de 2013