El Movimiento contra el paro y la precariedad presentó a
mediados de enero una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los
Diputados para que los ciudadanos sin prestaciones reciban una cantidad
equivalente al salario mínimo interprofesional (645 euros). Se trata de un
ingreso mínimo que evitaría el desamparo de las personas que llevan desempleadas
un largo periodo de tiempo (ya no cobran nada más de tres millones). Además ayudaría
a erradicar la pobreza y combatiría la desigualdad. También reactivaría el
consumo, uno de los principales motores económicos. En mi opinión es una
iniciativa de justicia social. Máxime con el alargamiento de la crisis y el
escaso trabajo que hay. Además, ni
siquiera el poco que se genera garantiza que las personas salgan de la pobreza
por ser contratos temporales con bajos salarios. Sin estabilidad laboral no hay
seguridad para llevar a cabo un proyecto vital. Y sin ingresos la vida se
reduce a una lucha por sobrevivir. Más de la cuarta parte de la población
española está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y las personas, por el
hecho de existir, tienen derecho a una vida digna. Está clarísimo como el agua
que el sistema capitalista no es capaz de asegurar que todos los seres humanos tengan
un medio de vida con el cual cubrir sus necesidades más básicas. Dicho sistema
también adolece de sobreproducción -lo que contribuye al agotamiento de los
recursos naturales- y de amplios márgenes empresariales a costa de salarios
reducidos. Hay directivos que ganan hasta diez veces más que los trabajadores. Si
éstos tuvieran buenos salarios las empresas venderían mejor sus productos y se
crearía empleo.
Por otra parte, no
es lógico que haya jornadas de trabajo tan largas como al comienzo de la
Revolución Industrial con todo el progreso tecnológico que ha habido desde
entonces. Y en ello ha influido la obsolescencia programada de muchos artículos,
sobre todo aparatos electrónicos, que al finalizar su vida útil mucho antes los
fabricantes nos obligan a comprar más (con la consiguiente disminución de la
renta familiar) y a trabajar más horas. El Gobierno debería prohibir la
caducidad programada por medio de una ley. Por otra parte, los avances en
tecnologías como la informática, la robótica y la cibernética nos han
facilitado el trabajo, pero también han contribuido a una reducción de la mano
de obra en las empresas. Esta es otra
razón por la que cada vez se crea menos empleo. De ahí la necesidad perentoria
de una renta básica, para que nadie quede en la cuneta y para mantener la paz
social. Para poder hacer realidad la misma el Gobierno tendría que realizar una
reforma fiscal que obligue a los ricos y a
las grandes empresas a tributar más; y combatir el fraude eficazmente. En
este sentido las amnistías fiscales que han realizado los gobiernos han sido
contraproducentes. Es un hecho alarmante que la mayor parte de la riqueza se
concentre en una minoría de la población. Tan sólo 85 personas acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Y no son precisamente las que más trabajan.
Finalmente, la vida es mucho más que dedicarse exclusivamente a trabajar. Deberíamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Con más tiempo libre la vida ganaría en calidad. Podríamos dedicarnos más a la familia, a los amigos y a las aficiones, lo cual favorecería el desarrollo de nuestra personalidad. Además en el mundo hay dinero de sobra para que todas las personas vivan dignamente, sin esclavitud. Solamente hacen falta unos representantes que tengan la voluntad de legislar a favor de la mayoría para impedir que una minoría codiciosa concentre la mayor parte de la riqueza. Así es como las personas seríamos dueñas de nuestro destino.
Publicado en Heraldo de Soria el martes 18 de febrero de 2014